Como parte del Plan Orden, el Municipio de Querétaro retiró 500 kilos de cables en desuso en Avenida Tecnológico, con el objetivo de mejorar la seguridad y la imagen urbana.
La intervención se logró mediante la coordinación entre distintas dependencias municipales y empresas de telecomunicaciones como Telmex, Totalplay, izzi y AT&T, entre otras.
Las autoridades destacaron que esta acción forma parte de una estrategia integral para consolidar una ciudad más limpia, ordenada y segura.
Todos reconocemos que la justicia del país le ha fallado al pueblo, destacó el senador Gilberto Herrera Ruíz, al hablar sobre la reforma al Poder Judicial, en donde resaltó que no está a discusión si necesita o no reformas, sino la “medicina” para que cumpla con la función constitucional.
Celebró que se estén realizando actos informativos para involucrar a la población en esta decisión y que sean quienes dicten el rumbo de estas reformas, ejercicios que rechazó que sean “simulaciones”, como han argumentado actores políticos de oposición.
La propuesta de elección de jueces por voto popular, subrayó que no se puede demeritar, ya que “es más fácil sobornar a un partido para poner a un juez o gobernante a modo que a un país”.
Como diputado federal electo, ahondó que en el mes de septiembre se espera que se someta a discusión este tema, pero también se está impulsando que pueda subir ya al debate lo relativo a la ley general de aguas.
Al ser cuestionado sobre los llamados del gobernador del estado para no politizar este tema en la entidad, precisó que se trata de un asunto político y lo que se debe evitar es partidizarlo.
La iniciativa federal, subrayó que busca dejar claro que el estado es el único responsable del servicio de agua potable y evitar confusiones, ya que en el texto vigente se deja abierto para que los municipios que no puedan responder a esta obligación puedan utilizar las concesiones, no obstante, se pensó en los municipios más pobres.
La LXI Legislatura de Querétaro trabaja en una iniciativa para fortalecer las sanciones contra quienes ejerzan funciones médicas sin la formación ni cédula profesional correspondientes. Verónica Galicia Castañón, presidenta de la Comisión de Salud, detalló que se plantea aumentar las penas de prisión de 6 a 8 años, superando las sanciones actuales de hasta 3 años establecidas en la legislación general.
La iniciativa también busca sancionar a clínicas y hospitales que permitan la práctica médica sin acreditación, y será desarrollada en consulta con especialistas e instituciones de salud. Esta propuesta responde a preocupaciones ciudadanas y a casos recientes como la detención de una mujer que ejercía como médica estética con documentos falsos, vinculada a 14 carpetas de investigación.
Con estas reformas, se busca mejorar el sistema de salud estatal y garantizar que quienes ofrezcan servicios médicos cumplan con los estándares necesarios para salvaguardar la vida y el bienestar de la población.