La diputada federal del PRI, Abigail Arredondo, advirtió que las reformas impulsadas por el gobierno federal en materia hídrica no garantizan el derecho humano al agua y, por el contrario, vulneran derechos adquiridos, centralizan decisiones y crean nuevas sanciones. Señaló que las iniciativas modifican la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales sin incluir mecanismos de financiamiento ni disposiciones claras para asegurar el acceso al agua, mientras se asignan nuevas responsabilidades a Conagua pese a recortes presupuestales.
Arredondo afirmó que las reformas contemplan cinco nuevos delitos y multas de hasta 50 mil UMAs, además de la posibilidad de revocar concesiones por prestar agua a terceros o cambiar cultivos. Advirtió también que productores podrían perder derechos por dejar descansar sus parcelas un ciclo agrícola, y que los consejos de cuenca quedarían desplazados de la toma de decisiones en concesiones y verificaciones.
La legisladora acusó que el reparto del agua podría usarse como control político, dejando de ser un derecho exigible para convertirse en “una dádiva del gobierno”. Sostuvo que la centralización afectará al campo, la industria y la economía, abriendo espacios para la corrupción.
