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Morenistas piden reducir costos de la democracia y revisar presupuesto electoral




Diputados de Morena, PT y PVEM coincidieron en la necesidad de optimizar el gasto público y evitar que la democracia se encarezca. El coordinador de Morena, Edgar Inzunza, señaló que es necesario mantener las instituciones democráticas, pero buscar mecanismos para que los procesos electorales y los partidos políticos cuesten cada vez menos.

Por su parte, la diputada del PT, Claudia Díaz, indicó que esperarán conocer la propuesta de presupuesto estatal para 2026 antes de emitir una postura, priorizando la cautela y la responsabilidad financiera. En tanto, la coordinadora del PVEM, Georgina Guzmán, adelantó que no se prevé un incremento considerable, pero estarán atentos al documento final.

El morenista Sinuhé Piedragil calificó como excesiva la propuesta presupuestal del Instituto Electoral y reiteró que su partido impulsará la reducción de recursos a partidos y órganos electorales, incluso la posible desaparición de los OPLES, dejando la organización de elecciones en manos del INE.

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La iniciativa de Reforma al Poder Judicial, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido aprobada por 18 congresos estatales, superando el requisito constitucional para su validación.

La medida, que ya fue aprobada en ambas cámaras del Congreso de la Unión, avanza hacia su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los primeros estados en votar a favor fueron Oaxaca, Tabasco, Quintana Roo, Veracruz, Baja California Sur, Yucatán, Colima, Tamaulipas, Nayarit, Durango, Baja California, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Campeche, Sinaloa, Guerrero y Zacatecas.

Solo la legislatura de Queretaro ha votado en contra hasta ahora.

En dicha comisión, Ana Paola López Birlain y Manuel Pozo Cabrera dieron su punto de vista negativo ante la manera en la que se debatió y se aprobó tanto en San Lázaro como en el Senado, por lo que ambos coincidieron que dicha iniciativa de ley es un “golpe” a la autonomía y a la democracia.

Por su parte, Christian Orihuela Gómez, aplaudió que la reforma al Poder Judicial haya sido aprobada en el Senado y mencionó que con esto se busca desparecer los “lujos” que cuentan los ministros, magistrados y jueces, por lo que detalló que Morena, partido que representa escuchó a la gente para “dar una justicia verdadera”.

En su intervención, Manuel Pozo Cabrera, defendió la labor de todos los trabajadores del PJF, además detalló que el partido en el poder ha “engañado” a la población cuando se les comentó que ellos podrán elegir democráticamente a los ministros, magistrados y jueces, debido a que la reforma plantea que los diputados con mayoría puedan escoger a los candidatos al Poder Judicial.

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La presidenta municipal de Cadereyta, Astrid Ortega, llamó al Congreso local a no aprobar el Presupuesto Estatal 2026 si no incluye recursos etiquetados para los municipios del semidesierto y la sierra. Señaló que el proyecto actual contempla “miles de millones sin destino claro” y pidió que estos fondos se orienten a obras prioritarias. Aseguró que su postura no es intromisión legislativa, sino una exigencia basada en necesidades reales, y afirmó que las y los diputados de su partido están abiertos al diálogo antes de cerrar el año.

Ortega también criticó la apertura de una nueva ruta Cadereyta–San Juan del Río, pues dijo que no se consideraron las observaciones del municipio. Aunque reconoció la necesidad de mejorar la conectividad, insistió en que es urgente crear rutas hacia comunidades donde el transporte público solo entra una vez al día. Sobre bienestar animal, admitió que el municipio no tiene capacidad para atender toda la demanda, pero adelantó un proyecto de esterilización de machos para reducir fauna callejera y destacó acciones de capacitación y denuncia ciudadana.

En cuanto a la relación con el gobierno estatal, acusó falta de respuesta a solicitudes de información sobre obras municipales. Recordó que están pendientes 11 carreteras estratégicas, algunas afectadas por deslaves recientes, y sostuvo que estas gestiones permanecen detenidas desde hace más de un año sin apoyo de dependencias estatales.