El Vocal Ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas (CEA), Luis Alberto Vega Ricoy, informó que el 98 por ciento de la población en el estado de Querétaro cuenta con el servicio de agua potable.
Esto a tres años de la administración estatal.
Del mismo modo, destacó que en la zona metropolitana el 98 por ciento de los habitantes cuentan con el servicio de agua las 24 horas del día, los siete días de la semana.
La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Mariela Ponce Villa, destacó que los foros del Congreso de la Unión sobre la Reforma al Poder Judicial están generando un discurso más amplio y positivo respecto a la propuesta original.
Ponce calificó el ejercicio como favorable, ya que se están escuchando las voces y necesidades de los Poderes Judiciales locales, pese a no haber sido
convocados directamente. A través de sus representaciones, realizaron observaciones y opiniones sobre la propuesta presidencial.
Resaltó la separación de las funciones jurisdiccional y administrativa a nivel federal como un aspecto positivo. Sin embargo, señaló que en los poderes
locales esto no es así y que otros planteamientos, como la elección de jueces y ministros por voto popular, requieren una revisión profunda.
La Comisión de Puntos Constitucionales podría presentar el dictamen de reforma judicial antes del 20 de agosto, siendo un tema a resolver antes de que termine el actual sexenio.
Querétaro estima recaudar 347 millones 071 mil pesos por impuestos ecológicos en 2026, un incremento del 26.7% respecto al año anterior, según la Ley de Ingresos presentada al Congreso local. Este rubro representa el 4.39% del total de impuestos proyectados para el próximo año, donde también se consideran ingresos por nómina, patrimonio y producción.
Del total ambiental, 312 millones corresponden al impuesto por emisión de gases, 22 millones al relativo a disposición de residuos especiales y peligrosos, y 12 millones al impuesto por remediación por erosión del suelo. Desde que comenzaron a cobrarse en 2023, estos impuestos muestran una tendencia al alza, aunque en 2025 se registró una baja respecto al año previo.
La Ley de Hacienda fija cuotas según el impacto de cada actividad: de 3 a 6 UMA por metro cúbico en extracción de materiales, 5.6 UMA por tonelada en emisiones y 1 UMA para manejo de residuos. A pesar de ello, la Sedesu y la Secretaría de Finanzas reconocen que las empresas han promovido amparos; hasta el primer semestre de 2025 existían al menos 95 procesos en curso, sin actualización reciente de montos o resoluciones.