Política Alertan por uso político del proyecto El Batán y otras reformas en el Congreso

Alertan por uso político del proyecto El Batán y otras reformas en el Congreso




El diputado local de Morena, Sinuhé Piedragil, advirtió que el proyecto hídrico El Batán, la reforma al Poder Judicial y la llamada “Ley Kuri” podrían convertirse en “moneda de cambio” dentro de las negociaciones políticas del Congreso de Querétaro, pese a que cada una requiere un análisis independiente por sus implicaciones técnicas y sociales.

Aunque la licitación del proyecto está prevista para julio, el legislador pidió tiempo suficiente para una revisión a fondo, ya que el expediente supera las mil 500 fojas y carece de los balances financieros de la CEA, lo que considera clave para evaluar la viabilidad. Señaló que aún no define su postura, pero que trabaja en su análisis junto con otros legisladores de Morena.

Criticó que la coordinación de su partido no haya convocado al grupo completo para discutir el tema y reconoció que hay divisiones internas entre fundadores y quienes provienen de otros partidos. En contraste, Perla Flores, del PVEM, calificó El Batán como un proyecto viable, aunque reiteró que se siguen revisando los documentos.

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Luis Alberto Vega Ricoy, vocal ejecutivo de la CEA, informó que el costo que tendrá el proyecto del sistema El Batán será de más de cinco mil millones de pesos.

Aunque descartó dar a conocer la inversión, explicó que será superior a los cinco mil millones de pesos que inicialmente se tenían previstos.

Además, explicó, que también el monto será definido por los diputados locales.

El funcionario estatal, refirió que el gobernador, Mauricio Kuri González y el secretario de gobierno, Carlos Alcaraz, presentarán ante el Congreso del Estado la iniciativa de este proyecto, en la cual, se propondrán tres propuestas de financiamiento para el Sistema El Batán.

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Activistas por los derechos de los animales planean impugnar la nueva Ley de Protección, Cuidado y Control Animal para Querétaro, aprobada en comisiones el 25 de julio y pendiente de votación en pleno.

La abogada Mónica Huerta señaló que la impugnación se debe a las reducidas sanciones por crueldad y maltrato animal. La nueva ley sustituye las sanciones económicas, penales y de trabajo comunitario por sanciones administrativas.

Huerta resaltó que el Código Penal actual ofrece mayor protección y sanciones más severas. Además, criticó la falta de jornadas de concientización para agresores, que son cruciales para la rehabilitación.

Advirtió que las multas, aunque son una forma de sanción, pueden ser conmutadas por horas de arresto según la situación socioeconómica, lo cual no disuade el maltrato animal.

También mencionó la falta de claridad sobre el uso del dinero recaudado por las multas y la ausencia de acciones concretas para fomentar la tenencia responsable.

Aunque reconoció el marco legal sancionador del estado, Huerta destacó la falta de capacitación y peritos como limitantes para que las denuncias avancen y se haga justicia.