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Presentan iniciativa para fortalecer combate a la extorsión en Querétaro




Diputados de la Cuarta Transformación en el Congreso local presentaron una iniciativa para armonizar la legislación estatal con la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de fortalecer la persecución del delito y mejorar la coordinación entre autoridades. El coordinador de Morena, Edgar Inzunza, señaló que la propuesta permitirá una respuesta más eficaz, especialmente en municipios de la zona metropolitana y San Juan del Río, donde este delito ha tenido un impacto creciente.

La iniciativa contempla derogar el artículo 198 y el capítulo séptimo del Código Penal estatal, lo que no implica despenalizar la extorsión, aclaró el diputado Homero Barrera. Explicó que el delito sería perseguido de oficio, eliminando la carga de la denuncia directa para las víctimas y obligando a las autoridades a actuar de manera inmediata conforme a la ley general, con sanciones más severas.

Detalló que las penas pasarían de un rango de 4 a 10 años de prisión a sanciones de entre 15 y 25 años, con agravantes que podrían alcanzar hasta 42 años cuando exista violencia o participación de servidores públicos. Los legisladores señalaron que, ante el máximo histórico de víctimas de extorsión registrado en 2025 a nivel nacional, Querétaro debe fortalecer su marco legal y llamaron a todas las fuerzas políticas a sumarse a la iniciativa.

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La consejera Martha Paola Carbajal señaló que los gastos del proceso serán financiados por el Ayuntamiento, conforme al convenio con el IEEQ. Sin embargo, el representante del PAN, Carlos Eduardo Flores, advirtió que el municipio no cuenta con el presupuesto necesario para garantizar el derecho al agua, pues la CEA estimó que se requeriría una inversión inicial de mil millones de pesos más 100 millones anuales en mantenimiento.

Pese a las diferencias, tanto Morena como el PAN celebraron la promoción de la participación ciudadana. La morenista Gisela Sánchez destacó la importancia de estos ejercicios, mientras que el panista Martín Arango consideró positivo el mecanismo, aunque no descartó una posible impugnación si se detectan irregularidades.

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  • Educación: Beca universal para estudiantes de educación básica, construcción de más preparatorias y universidades, y gratuidad total en la educación superior pública.
  • Mujeres: Propuestas para la igualdad de género, erradicación de feminicidios y creación de fiscalías especializadas.
  • Desarrollo social y urbano: Construcción de viviendas sociales, mejoramiento de colonias marginadas, y fortalecimiento de pensiones para adultos mayores.
  • Medio ambiente: Proyectos para transición energética, reforestación y prohibición de minería a cielo abierto.

Estas promesas son monitoreadas por grupos ciudadanos para asegurar su cumplimiento a lo largo del sexenio.