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LX Legislatura de Querétaro sanciona a políticos con antecedentes de violencia



NOTA LX LEGISLATURA

La LX Legislatura del Estado de Querétaro aprobó la iniciativa de Ley 3 de 3, presentada por los diputados Paul Ospital y Graciela Juárez Montes, ambos del PRI.

Esta ley prohíbe que personas con antecedentes de deuda alimentaria, morosa o condenas por delitos sexuales y violencia política de género puedan ser candidatos a un cargo público en la entidad.

Opsital Carrera destacó que esta medida representa un paso crucial para cerrarle la puerta de la participación política y el acceso al poder a aquellos que han sido señalados por conductas de violencia y abuso, tanto en el ámbito familiar como político.

Esta iniciativa, que ya ha sido implementada en otros estados como Yucatán, Sonora, Baja California y Morelos, tiene como objetivo principal proteger a las mujeres de la violencia, dado que, según datos de la comisión nacional de los derechos Humanos, Querétaro ocupa el tercer lugar nacional en violencia contra las mujeres, con un 75.2% de casos registrados. Además, es el estado con mayor incidencia de violencia contra las mujeres en el ámbito escolar, con 40.3%

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La rectora Silvia Amaya Llano destacó la importancia de la coordinación interinstitucional para prevenir y erradicar la violencia de género, y reiteró el compromiso de la UAQ con la capacitación de servidoras públicas y defensoras. 

Por su parte, el magistrado presidente Braulio Mario Guerra Urbiola resaltó que el Poder Judicial ha emitido más de 4 mil sentencias con perspectiva de género, y que este esfuerzo formará operadores jurídicos sensibles y comprometidos.

La secretaria de la Mujer, Sonia Rocha Acosta, señaló que este acuerdo garantiza una atención empática y profesional a las mujeres que acuden a cualquiera de las tres instancias. La capacitación será impartida por magistradas, juezas y especialistas, beneficiando a 30 abogadas, psicólogas y defensoras de municipios como Querétaro, Corregidora y Ezequiel Montes.

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Entre otras reformas, se busca que el estado cubra los gastos de pruebas de embarazo de mujeres que maternan solas y que el abandono de mujeres embarazadas sea considerado delito. Además, la violencia familiar se incluiría como causal para la pérdida de la patria potestad.