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Querétaro insiste en retirar cobro de caseta del Libramiento Surponiente




El Gobierno de Querétaro pidió nuevamente a la federación eliminar el peaje de la caseta de la carretera Cuota a Celaya, ubicada en el Libramiento Surponiente, al considerar que su operación es poco funcional y financieramente insostenible. El secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Pío X Salgado, explicó que aunque la tarifa subió de 11 a 14 pesos, los ingresos siguen siendo mínimos y no justifican mantener el punto de cobro.

Durante la reunión con autoridades federales, el gobernador Mauricio Kuri reiteró que el peaje encarece traslados sin ofrecer beneficios reales a los usuarios. En el encuentro también se mencionó un posible proyecto de puente en la zona, aunque aún no hay monto de inversión ni calendario definido. El gobierno estatal afirmó que continuará el diálogo para evaluar su viabilidad.

La solicitud busca aliviar la carga económica de los automovilistas y mejorar la movilidad en un corredor estratégico para la actividad laboral y comercial. Las autoridades señalaron que liberar este tramo formaría parte de un esfuerzo más amplio para optimizar recursos y atender las necesidades diarias de quienes utilizan esta vía.

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En el municipio de Querétaro, alrededor del 39% de las unidades económicas no se encuentran dentro del Empadronamiento Municipal de Funcionamiento, lo que significa que operan sin contar con una licencia. Así lo informó el secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Sterling.

Según el INEGI, con corte al mes de diciembre, la capital queretana cuenta con 54 mil 327 negocios. Sin embargo, señaló el funcionario, solamente 33 mil forman parte del empadronamiento, y de esos, 26 mil 700 cuentan con licencia vigente.

En ese sentido, explicó que los 6 mil 300 que no han renovado su licencia, mantienen su registro en el padrón hasta por dos años. En caso de que ya no actualicen su permiso, se les retirará del empadronamiento y serán sujetas a sanciones en caso de que sean detectadas en operación.

Por su parte, el presidente municipal Felipe Fernando Macías llamó los comerciantes a formalizar sus actividades y a los ciudadanos a denunciar aquellos comercios que operen sin licencia, cuya falta, dijo, amerita sanciones económicas de hasta mil 500 pesos.

Añadió que en los primeros dos meses de su administración, se recibieron alrededor de 800 denuncias sobre establecimientos sin permisos de funcionamiento.

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Hasta el momento, el proyecto Batán, ha sido de consumo personal del presidente de la Mesa Directiva de la LXI legislatura local, Gerardo Ángeles Herrera, acusó el vicepresidente Ulises Gómez de la Rosa, quien junto a otros legisladores locales demandó conocer el documento.

En rueda de prensa, la ambientalista Mary Ibarra, remarcó que, hasta ahora, la información ha sido nula y lo único que existe es el “promocional” del proyecto, por lo que infirió que está obra podría tener como fin atender el problema de desarrollo económico para Data Centers y desarrollo inmobiliario.

Asimismo, recordó que el Acueducto II tenía el mismo fin de garantizar agua para los próximos 50 años, y a 17 años se busca un proyecto con este mismo alcance, por lo que dijo es cuestionable.

En este sentido, los diputados de Morena Edgar Inzunza y Sinuhé Piedragil, también apelaron a que en breve se les dé a conocer el documento, no obstante resaltaron que al Legislativo solo le compete la revisión del esquema de financiamiento, por lo que la discusión deberá dejar fuera los tintes políticos.

Asimismo, el diputado de Movimiento Ciudadano, Paul Ospital, demandó conocer el documento, ya que la ley ley señala que debe ser revisado por el Congreso, lo cual está conformado por 25 personas y no solo una.