La organización Desaparecidos Justicia llamó a una reunión urgente con el gobernador de Querétaro para impulsar una nueva ley en materia de desaparición de personas. Su fundadora, Brenda Ivonne Rangel, explicó que el proyecto se construye con apoyo de universidades, la ONU y especialistas, pero debe ser encabezado por las familias y el Ejecutivo estatal.
Rangel insistió en que no basta con dialogar con funcionarios menores, ya que el tema es de vida o muerte. Además, pidió reactivar las mesas de trabajo y garantizar una legislación eficaz, capaz de evitar nuevas desapariciones. Cuestionó también la utilidad del nuevo centro de resguardo forense, al considerar que su implementación podría saturar en lugar de esclarecer casos.
La organización exige que se rindan cuentas sobre cuántos cuerpos han sido identificados y entregados. En Querétaro hay al menos 638 personas desaparecidas, según datos oficiales.