Carlos Alcaraz Gutiérrez, secretario de Gobierno, advirtió que serán clausurados los bares, antros y restaurantes que no respeten el horario de cierre establecido a las 2:00 de la mañana.
Recalcó que el mensaje es claro para los responsables de estos establecimientos, quienes deben acatar las disposiciones estatales. Recordó que ya se han clausurado cerca de 100 negocios por operar sin los permisos correspondientes.
La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que durante 2025 se registraron resultados sólidos en la judicialización de carpetas de investigación, con altos niveles de eficacia en sentencias condenatorias, vinculaciones a proceso y legalidad en las detenciones, de acuerdo con su informe ministerial anual.
Detalló que a lo largo del año se celebraron 10 mil 412 audiencias, alcanzando una eficacia del 97.53 por ciento en sentencias condenatorias, lo que refleja el fortalecimiento en la integración de las investigaciones y la actuación técnica ante la autoridad judicial. En cuanto a las detenciones, mil 474 fueron calificadas como legales, lo que representó una eficacia del 92.41 por ciento.
Asimismo, se obtuvieron 3 mil 896 vinculaciones a proceso, con una eficacia del 92.78 por ciento, además de una reparación del daño que superó los 290 millones de pesos. La Fiscalía señaló que estos resultados refrendan su compromiso con la legalidad, el debido proceso, la protección de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia en la entidad.
La diputada federal del PRI, Abigail Arredondo, advirtió que las reformas impulsadas por el gobierno federal en materia hídrica no garantizan el derecho humano al agua y, por el contrario, vulneran derechos adquiridos, centralizan decisiones y crean nuevas sanciones. Señaló que las iniciativas modifican la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales sin incluir mecanismos de financiamiento ni disposiciones claras para asegurar el acceso al agua, mientras se asignan nuevas responsabilidades a Conagua pese a recortes presupuestales.
Arredondo afirmó que las reformas contemplan cinco nuevos delitos y multas de hasta 50 mil UMAs, además de la posibilidad de revocar concesiones por prestar agua a terceros o cambiar cultivos. Advirtió también que productores podrían perder derechos por dejar descansar sus parcelas un ciclo agrícola, y que los consejos de cuenca quedarían desplazados de la toma de decisiones en concesiones y verificaciones.
La legisladora acusó que el reparto del agua podría usarse como control político, dejando de ser un derecho exigible para convertirse en “una dádiva del gobierno”. Sostuvo que la centralización afectará al campo, la industria y la economía, abriendo espacios para la corrupción.